ARTÍCULO DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL PUBLICADO EN ABC DE FECHA 15/02/08

En los últimos tiempos, descubrimos grandes confusiones a la hora de articular la relación Iglesia-Estado. Por un lado, la Iglesia parece resistirse a aceptar ciertas disposiciones legales del Estado; por otro, se le pide inhibirse de toda opinión política y se le exige someterse en silencio a todas las decisiones de los gobernantes. Ante esta realidad, intentaré señalar algunos principios inspiradores del actuar de un católico en una sociedad democrática. En primer lugar, siguiendo al filósofo alemán Robert Spaemann, hay que tener claro que en la democracia, los creyentes y los no creyentes no sólo son súbditos, sino también ciudadanos y, como ciudadanos, parte del sujeto de la soberanía. No sólo están sometidos a las leyes, sino que son corresponsables de las mismas. No se pueden contentar con no hacer nada injusto, pues son corresponsables de la injusticia que permita el legislador, ya que son parte del legislador. Teniendo esto de fondo, podemos afirmar lo siguiente:

-La Iglesia no tiene una misión política, pero sí tiene una responsabilidad política: dar testimonio de las verdades morales, sin las que el bien común no podría sobrevivir. Dichas verdades son básicas y la Iglesia no las impone, pero tampoco las calla porque son evidentes a la razón humana, brotan de lo más esencial de la persona y garantizan el principio de igualdad y justicia.

-Los cristianos tienen el deber y el derecho de ser activos en política, censarse, votar y hablar, privada y públicamente, de los temas que afectan el bien común. Los católicos cuando votan no aparcan su condición de tales y cuando argumentan sus reivindicaciones políticas y sociales en democracia, lo hacen desde una razón pública que es acorde con la naturaleza de lo humano.

-Hay que tener claro, como tristemente nos hizo ver Hitler, que algunos valores éticos fundamentales están por encima del consenso y no son fruto de la mayoría. Ninguna mayoría puede convertir lo malo en bueno ni lo injusto en justo, ni tampoco poner mordaza a quienes defienden estos valores.

-Por último, siguiendo el discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Roma, podemos descubrir que en una auténtica democracia hay que escuchar otras instancias distintas de los partidos sin que ello suponga la negación de la importancia de éstos. Por tanto, no es posible presumir de demócrata y, al mismo tiempo, ignorar o, lo que es peor, intentar acallar la voz de los representantes de una comunidad creyente que, a lo largo de siglos de existencia, ha madurado una sabiduría de vida y que guarda en sí un tesoro de conocimiento y de experiencia ética importante para toda la Humanidad. Establecidas estas premisas, el análisis del tema de la adopción de niños por entidades distintas del matrimonio mujer-hombre nos puede aportar aún más claridad. En primer lugar hay que recordar que, en nuestra tradición jurídica, la adopción no está concebida como un instrumento de satisfacción de los deseos de los adoptantes, sino como una institución de protección de los menores. Se busca reparar y ayudar a unos niños que sufren la injusticia del abandono o el desprecio familiar. Pues bien, no es esto lo que se tiene en cuenta en la nueva legislación en la que se equiparan las parejas del mismo sexo al matrimonio y se hace pasar por delante del interés del menor las aspiraciones y deseos de quienes quieren adoptar.
De hecho, se les priva injustamente a los niños el derecho que tienen a crecer en un entorno que sustituya, en la medida de lo posible, al padre y a la madre biológicos. Es este entorno, y no cualquier otro, el que favorece su madurez personal, mediante la adecuada referencia a la figura paterna y materna. Es éste el único ámbito donde, como decía Juan Pablo II, las palabras padre y madre pueden decirse con gozo y sin engaño. Es este entorno donde los niños podrán encontrar la riqueza antropológica para su mejor desarrollo. No hay razones, ni históricas, ni antropológicas, ni éticas, que permitan hacer experimentos con algo tan fundamental como es el derecho de los niños a conocer a su padre y a su madre y a vivir con ellos, o, en su caso, a contar al menos con un padre y una madre adoptivos. La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta identificación sexual de la persona. Ningún estudio científicamente contrastado ha puesto fehacientemente en cuestión estas evidencias.

Como podemos ver el problema que se plantea y que realmente preocupa, es la difusión y legalización del desprecio y la falta de amor a los más débiles. Esto es bastante grave pues dicha legislación cierra la puerta a la esperanza que la adopción conlleva de superar la injusticia que la vida ha deparado a esos niños.

A la luz de esto gritamos que es fomentando el amor a los más débiles como únicamente puede resplandecer la justicia. Es el amor el que nos impulsa a respetar el derecho de los niños a crecer en un entorno familiar que les asegure y les permita el desarrollo de su personalidad física, psíquica, intelectual y moral. Igualmente nos alienta a defender el derecho de todo niño a no ser sometido a experimentos psicológicos que pueden ser traumáticos para ellos.

En definitiva, lo que está en juego en nuestra sociedad no son los supuestos derechos de la Iglesia, sino los derechos fundamentales de la persona. Aunque a algunos les moleste y quieran hacer callar a la Iglesia para tapar la injusticia, con el señuelo de la pluralidad y la tolerancia, no podrán conseguirlo. Gracias a Dios, la gran mayoría de los católicos españoles, como se demostró en la plaza de Colón, seguimos queriendo servir al hombre y a Dios antes que al César.

D. José Mazuelos Pérez

Director Espiritual de la Hermandad de los Estudiantes